Esta semana la empresa Google cloud y el gobierno de El Salvador informaron acerca de una importante alianza estratégica que busca convertir al país centroamericano en un centro tecnológico de referencia en la región.

Se espera que la realización de este plan estratégico se desarrolle durante los próximos 7 años y según el acuerdo ambas partes colaborarán para situar las tecnologías de la nube en el centro de los esfuerzos de transformación digital del país y la región centroamericana.

Parte de la información que se conoce acerca de este acuerdo establece que el objetivo central es situar las tecnologías de la nube en la estrategia digital del gobierno salvadoreño, pero aún quedan dudas sobre las inversiones concretas que Google realizará en el país. Hasta el momento, se ha anunciado la apertura de una oficina local para facilitar la implementación del acuerdo, pero permanece pendiente aclarar cómo esta oficina contribuirá a impulsar la inversión tecnológica, el desarrollo del país, y como de esta manera se podrá transformar el panorama tecnológico, por tanto, este acuerdo ha sido criticado por partidos de la oposición y ciudadanos en general.

Innovación para el gobierno:

El acuerdo establece que ambas partes se beneficiarán, aunque no se conoce muy bien qué inversiones realizará Google en el país. Se sabe que el gobierno busca digitalizar muchas áreas, entre ellas, incluye la contratación de servicios de Google para el área de salud, donde el gobierno busca implementar las tecnologías de inteligencia artificial y mejorar la atención médica para facilitar el diagnóstico de enfermedades. En el área de educación, la apuesta del gobierno es la utilización de las herramientas educativas de Google para ampliar el conocimiento digital de los estudiantes y facilitar el uso de estas herramientas a los profesores.

En otras áreas se busca facilitar el uso de la factura digital en Hacienda, y la digitalización de los procesos y proyectos con el uso de Google Distributed Cloud, además de otras soluciones de hardware y software.

La aplicación de estas herramientas necesitará la inversión de parte del gobierno salvadoreño de unos 500 millones de dólares en un plazo de 7 años, que servirán para la contratación de los diferentes servicios de la empresa tecnológica y la implantación, así como su aplicación en las diferentes áreas mencionadas.

Aunque la digitalización del gobierno es una necesidad urgente para el país, preocupa que el gobierno no haya tomado en cuenta la protección de datos personales como una prioridad en este acuerdo. El país aún carece de un ente regulador en temas de protección de datos y además no existe una ley que especifique las reglas a seguir para garantizar que, al momento de compartir datos sensibles de la población, Google no los compartirá o enviará a servidores de países terceros que no protegen correctamente estos datos. ¿Podría esto ser un riesgo para los salvadoreños y sus datos?

Esta es una realidad, tomando en cuenta que hace dos años en Costa Rica, los datos de los costarricenses fueron vulnerados y el gobierno recibió extorsiones económicas para poder recuperarlos. El objetivo del gobierno, como parte de la digitalización de los servicios públicos, debe ser también evitar que un ataque cibernético con los datos personales pueda ocurrir en el país.

La controversia detrás del acuerdo:

Para poder realizar este acuerdo, el gobierno, a través de la Asamblea Legislativa, ha tenido que aprobar la conocida « Ley Google ». Esta ley es un elemento importante que ayuda a entender el alcance del acuerdo y a poder realizarlo, pero también autoriza a que las diferentes áreas de gobierno puedan contratar los servicios de Google, excluyendo el uso de la Ley de Compras Públicas.

La « Ley Google » propone un proceso simplificado para contratar estos servicios y darle prioridad a la empresa tecnológica. Basta solamente con hacer una solicitud de servicio, recibir la oferta de la empresa y verificar la disponibilidad de los fondos para llevar a cabo la contratación. Esto genera dudas y sospechas, ante uno de los gobiernos más criticados de la era democrática del país. Tomando en cuenta que este mismo gobierno implementó el bitcoin en el año 2021 y nunca proporcionó datos transparentes a la población sobre el manejo de los fondos públicos y las pérdidas ocasionadas desde que el precio de la criptomoneda se desplomó en el año 2022.

Asimismo, este mismo gobierno ha puesto en marcha la muy criticada estrategia de seguridad pública llamada Plan de Control Territorial y Régimen de Excepción, que ha ayudado a posicionar al país según el gobierno como uno de los más seguros de América Latina, pero muchas organizaciones para la defensa de los derechos humanos han mostrado cómo el gobierno violenta los derechos de sus ciudadanos al detenerlos en la vía pública y encarcelarlos por la mínima sospecha de ser parte de una pandilla.

Se cree que el gobierno del presidente Nayib Bukele, que además su partido Nuevas Ideas tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, ha aprobado nuevamente una ley que fomenta la corrupción y además obliga la utilización de 500 millones de dólares de fondos públicos sin que las instituciones de gobierno puedan licitar los contratos y así seleccionar los servicios más apropiados para los salvadoreños entre varias ofertas.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, subrayó que Google se compromete a utilizar su experiencia y recursos para impulsar la modernización digital del país en áreas clave como la salud, la educación y la digitalización de los servicios gubernamentales, pero no mencionó si el gobierno ha realizado algún estudio para determinar si los servicios de Google son los más apropiados para los problemas digitales del país y no explico cómo se seleccionó a Google para este acuerdo en lugar de otras empresas tecnológicas como Microsoft.

Algunos diputados han mencionado que esta empresa traerá empleos con mayores salarios para los ciudadanos, pero no queda claro qué tipo de inversiones por parte del gobierno y de la empresa ayudarán a posicionar al país como un referente tecnológico en la región. Muchas personas creen que este es uno más de los proyectos que el gobierno impulsa con fondos públicos para mejorar la imagen del presidente y así garantizar su controvertida reelección de cara a las elecciones presidenciales del 2024.